Productores piden ejecutar órdenes contra avasalladores

Representantes de sectores productivos de Santa Cruz se reunieron con el fiscal General del Estado interino, José Armando Urioste Viera, y el fiscal departamental, Jimmy Fernando López Rojas, para denunciar avasallamientos, inseguridad jurídica e incumplimientos de pago. [Fecha de la reunión no especificada]

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking Adad, informó sobre un nuevo hecho registrado durante el feriado en la propiedad San Mateo. Según denunció, los ocupantes ilegales impiden la cosecha de soya y dos trabajadores del predio fueron secuestrados.

“Hemos abordado temas transversales dentro del sector productivo. Hemos aprovechado de hacer la denuncia correspondiente, hemos tenido ya otro caso de avasallamiento en este feriado, en la propiedad San Mateo, donde no están dejando ni cosechar la soya”, manifestó Frerking. Añadió que también se presentó ante la Fiscalía la situación de pequeños productores del norte cruceño que denuncian que algunas empresas no cumplen con los pagos por sus cosechas.

El dirigente explicó que las denuncias involucran a productores de soya, sorgo, girasol, chía y maní, quienes no habrían recibido el pago correspondiente. “Ya hicimos la denuncia a la Fiscalía para que se tomen cartas en el asunto, y vuelva esa tranquilidad para todo ese pequeño productor”, afirmó, y expresó su expectativa de obtener resultados en los próximos días.

Procesos pendientes y coordinación institucional

Frerking calificó el encuentro como el primer acercamiento con el nuevo fiscal General del Estado e indicó que se acordó mantener reuniones periódicas para presentar las demandas del sector y hacer seguimiento a cada caso. También señaló que se retomaron denuncias de anteriores avasallamientos, incluido el caso de Las Londras, para que avancen los procesos y se ejecuten los mandamientos de apremio pendientes.

Según el presidente de la CAO, el fiscal General y el fiscal departamental recibirán a las personas afectadas por ocupaciones ilegales y por incumplimientos de pago. En el caso de la provincia Guarayos, pidió ejecutar las órdenes de desalojo y detención contra los señalados como avasalladores, además de coordinar acciones entre la Fiscalía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Policía.