Presidente del Senado destaca 90 días de “cambios importantes” y anuncia leyes estructurales

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, realizó un balance de los primeros tres meses de gestión gubernamental y afirmó que en ese periodo se concretaron “cambios importantes para el país”, con avances legislativos, medidas económicas y acciones de fiscalización e investigación de presuntos hechos de corrupción.

En una entrevista difundida por un programa televisivo, Ávila informó que en los últimos 90 días se aprobaron 10 leyes y que actualmente existen alrededor de 80 proyectos normativos en análisis y tratamiento en comisiones del Senado, como parte de una agenda orientada a superar la crisis y reordenar la institucionalidad.

Según el titular del Senado, los avances se reflejaron en áreas económicas y en el seguimiento a problemas estructurales del Estado. Señaló que se logró encaminar soluciones vinculadas a combustible, disponibilidad de dólares y seguridad para el funcionamiento empresarial, además de observaciones institucionales relacionadas con el sistema judicial y autoridades cuestionadas.

Ávila explicó que el trabajo legislativo incluyó normas consideradas estratégicas, entre ellas disposiciones vinculadas al proceso de elección del Órgano Electoral, la aprobación de créditos por cerca de 650 millones de dólares y leyes que habilitan transferencias o asignaciones de bienes e inmuebles para entidades públicas y universidades. También mencionó la autorización al INRA para ajustes en la clasificación de pequeña propiedad agraria y la ampliación del plazo de permanencia obligatoria en el país para exautoridades.

En el eje de fiscalización, afirmó que el Senado emitió 341 peticiones de informe a distintas instancias estatales, en el marco de un proceso de “renovación y fortalecimiento” de la gestión parlamentaria. Indicó que estas acciones buscan consolidar un nuevo orden institucional y acompañar la supervisión al Ejecutivo y otras entidades públicas.

Respecto a la Comisión de la Verdad, señaló que se trata de una labor coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo, conducida por la Procuraduría del Estado, y que ya se impulsaron investigaciones que derivaron en acciones judiciales. En ese contexto, indicó que se iniciaron procesos vinculados a YPFB y que las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, como problemas de calidad de combustible y posibles sobreprecios, deben ser investigadas a profundidad para establecer responsabilidades y cuantificar el daño económico.

Ávila también se refirió a la demora en la designación de embajadores y explicó que la Cancillería realiza un diagnóstico del servicio exterior, debido a gestiones incompletas y deudas heredadas. Añadió que el Senado aún no recibió propuestas formales para nuevas designaciones, ya que esos nombramientos deben ser tratados y aprobados en el Parlamento.

Finalmente, el presidente del Senado adelantó que en los siguientes meses se priorizarán proyectos considerados estructurales, entre ellos el nuevo Presupuesto General del Estado, la Ley de Inversiones, una nueva Ley de Hidrocarburos, la Ley del Litio, una reforma del marco autonómico vinculada al esquema 50/50 y una Ley de Reforma Judicial.