Oviedo señala a fiscal por presunto encubrimiento en caso maletas

[Fecha no especificada]. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó a la fiscal Delmy Guzmán de ser una de las figuras centrales del presunto encubrimiento en el caso de las 31 maletas que ingresaron irregularmente a Bolivia el 29 de noviembre de 2025.

Oviedo cuestionó que Guzmán continúe ejerciendo funciones y vinculada a la investigación. “Una parte fundamental del encubrimiento en esta investigación, la aún fiscal Delmy Guzmán, persona de absoluta confianza de Róger Mariaca, sigue siendo fiscal”, afirmó.

La autoridad sostuvo que el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, debería consultar al fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, por qué Guzmán permanece en funciones y continúa participando en las actuaciones investigativas.

“Este es un asunto que hay que aclarar. Ya el fiscal general seguramente se encargará de preguntarle al fiscal de Santa Cruz (...) por qué esta señora todavía sigue siendo fiscal y por qué esta señora todavía está en el ejercicio de la investigación que está a cargo del Ministerio Público”, cuestionó.

El ministro también se refirió a un episodio ocurrido cuando investigadores policiales pretendían allanar los galpones de la empresa Ebose, del exjuez Hebert Zeballos, donde fueron trasladados los equipajes retirados del aeropuerto internacional de Viru Viru. Según su versión, Guzmán habría impedido que el allanamiento se realizara oportunamente.

Las acusaciones se producen después de que Oviedo señalara al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, y al exfiscal general Róger Mariaca como presuntos responsables de organizar y financiar el traslado de las maletas a Bolivia. El ministro sostuvo que ambos habrían ocupado posiciones estratégicas que dificultaron el avance de las investigaciones.

Oviedo también aseguró que las maletas contenían marihuana químicamente alterada, con un valor elevado en el mercado brasileño. La autoridad reconoció que todavía no se conocen detalles sobre su eventual comercialización ni sobre las personas que habrían recibido o comprado la sustancia.

El caso continúa generando cuestionamientos sobre la actuación de funcionarios judiciales y fiscales que participaron o tuvieron responsabilidades institucionales durante las primeras etapas de la investigación. Las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante las investigaciones y actuaciones judiciales correspondientes.