Autonomía departamental
Ocho gobernaciones acuerdan ruta para la autonomía fiscal
Los equipos técnicos de ocho gobiernos autónomos departamentales suscribieron un Acta de Conclusiones para establecer una ruta conjunta de trabajo sobre la Agenda 50/50 y el fortalecimiento de la autonomía fiscal. El documento fija hasta el 24 de septiembre el plazo para que las Máximas Autoridades Ejecutivas se pronuncien sobre los acuerdos alcanzados.
La iniciativa fue promovida por la Gobernación de Tarija durante la I Reunión Técnica de Gobiernos Autónomos Departamentales, denominada “Mecanismos técnicos y legales para la implementación de la Agenda 50/50”. El encuentro abordó tres ejes: alivio fiscal, condicionalidad del gasto y criterios de distribución de los ingresos fiscales.
Entre los acuerdos figura la ratificación del principio de distribución 50/50 de los ingresos fiscales, considerado un punto de partida para avanzar hacia una mayor autonomía financiera. Los gobiernos departamentales también plantearon garantizar fuentes de financiamiento para las competencias que actualmente tienen bajo su responsabilidad.
La propuesta impulsada por Tarija incluye un Proyecto de Ley de Reversión de la Condicionalidad sobre los Recursos de los Gobiernos Autónomos Departamentales. La iniciativa busca que los fondos departamentales no estén sujetos al financiamiento de obligaciones y programas definidos desde el nivel central.
El acta contempla además la adecuación del financiamiento de obligaciones públicas asumidas por las gobernaciones, la activación del cronograma previsto en el Acuerdo 001/2026 “Agenda 50/50” y el Programa de Readecuación Financiera Territorial. También plantea gestionar modificaciones legales para la devolución de saldos acumulados del FPIEEH y la recuperación de recursos departamentales.
Para dar seguimiento a los compromisos, se conformó una Comisión Técnica Permanente de las Gobernaciones. Esta instancia trabajará en los aspectos técnicos, financieros y legales necesarios para sostener una posición conjunta ante el Gobierno Nacional y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las conclusiones deberán ser consideradas por las máximas autoridades ejecutivas de los departamentos, quienes tienen hasta el 24 de septiembre para comunicar su posición. Con este proceso, Tarija busca articular una propuesta regional orientada a ampliar la capacidad de decisión, gestión y administración de los recursos departamentales.