La Asamblea avala el estado de excepción tras una sesión con críticas a Edman Lara

Por más de dos tercios de votos, la ALP aprobó y avaló el decreto de estado de excepción

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó durante la madrugada de este domingo el Decreto Supremo 5636, que declara el estado de excepción en Bolivia, luego de una prolongada sesión caracterizada por intensos debates, observaciones al procedimiento de convocatoria y críticas dirigidas al vicepresidente Edman Lara.

La sesión comenzó con la asistencia de 94 diputados y 25 senadores, aunque varios legisladores continuaban trasladándose hacia la sede de Gobierno desde distintos departamentos del país. Con el transcurso de las horas, parlamentarios de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y otras regiones se incorporaron al debate tras arribar a La Paz.

Uno de los primeros temas que generó controversia fue la convocatoria realizada por Lara en su calidad de presidente nato de la Asamblea. Algunos legisladores cuestionaron aspectos procedimentales y expresaron dudas sobre la legalidad de la sesión.

El diputado Edgar Rojas observó la forma en que fue instalada la reunión legislativa y advirtió posibles objeciones jurídicas, mientras que el presidente del Senado, Diego Ávila, solicitó esperar la llegada de más parlamentarios y denunció dificultades para la presentación de licencias legislativas. A su vez, la senadora Paola López reclamó mayores garantías para el desarrollo del debate.

Ante las críticas, Lara defendió la convocatoria y afirmó que actuó en cumplimiento de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, normativa que establece la obligación de convocar a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la emisión del decreto presidencial.

“Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”, manifestó durante la apertura de la sesión.

Conforme avanzó el debate, la discusión se centró en las consecuencias de los bloqueos registrados en distintas regiones del país durante las últimas semanas.

La diputada Kaline Moreno sostuvo que la medida responde a una situación generada por semanas de desabastecimiento, aislamiento de ciudades y dificultades para el funcionamiento de hospitales debido a la falta de insumos médicos.

Por su parte, la legisladora Catherine Pinto destacó el esfuerzo realizado por transportistas, comerciantes, productores y familias bolivianas que enfrentaron las consecuencias de la escasez y las restricciones de circulación durante el conflicto.

Asimismo, el diputado Ricardo Rada cuestionó a sectores políticos por minimizar los efectos que tuvieron los bloqueos sobre miles de ciudadanos afectados por la falta de productos básicos y las limitaciones para desplazarse por el país.

Pasada la una de la madrugada comenzó a definirse el respaldo legislativo al decreto. A las 01:35, la bancada de Libre anunció su apoyo unánime a la medida, mientras que minutos después la alianza APB Súmate también confirmó su voto favorable, consolidando una mayoría suficiente para la aprobación.

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió cuando Edman Lara dejó la conducción de la sesión mientras el debate continuaba y la tendencia de votación ya mostraba una amplia inclinación a favor del decreto.

Finalmente, a las 02:30 la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión con más de dos tercios de respaldo y, seis minutos después, se realizó la votación definitiva.

El Decreto Supremo 5636 fue aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, quedando plenamente vigente el estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 20 de junio.

La resolución legislativa respalda las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para recuperar el control de las carreteras, garantizar la libre circulación y restablecer la normalidad en el país tras semanas de conflicto social.

La sesión concluyó con un minuto de silencio en homenaje a las personas fallecidas durante los bloqueos y movilizaciones, cerrando una jornada que comenzó con cuestionamientos procedimentales y terminó con el respaldo legislativo al estado de excepción.