Investigan presunta extorsión de dos policías tras cobro ilegal con código QR en La Paz

La Fiscalía de La Paz investiga a dos efectivos policiales acusados de presunta extorsión a un grupo de personas que salía de una discoteca en la ciudad de La Paz. El caso involucra a una suboficial y a un sargento, quienes fueron aprehendidos tras ser denunciados por exigir el pago de dinero a cambio de evitar la detención de seis ciudadanos.

El fiscal anticorrupción Johan Muñoz informó que el hecho ocurrió la madrugada del 31 de enero, cuando los policías interceptaron a asistentes y trabajadores de un local nocturno, entre ellos la administradora del establecimiento. Bajo el argumento de consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, los trasladaron a la Unidad de Conciliación Ciudadana de la calle Pando.

Durante la requisa, la suboficial encontró una suma considerable de dinero que correspondía a la recaudación del local, momento en el que se habría iniciado una negociación irregular. Según la denuncia, los uniformados exigieron inicialmente 3.000 bolivianos para liberar a los seis retenidos, advirtiendo que, de no pagar, permanecerían arrestados por ocho horas.

Tras una supuesta reducción del monto, el pago se fijó en 1.500 bolivianos, que fue transferido mediante un código QR mostrado por el sargento desde su teléfono celular. Las investigaciones preliminares determinaron que la cuenta receptora del dinero no pertenece a ninguno de los policías, sino a un civil que ya fue identificado y será convocado a declarar.

Luego de confirmarse el depósito, las personas retenidas fueron liberadas en horas de la mañana. Sin embargo, la administradora y la propietaria de la discoteca formalizaron la denuncia ante las autoridades. Posteriormente, la suboficial intentó interceptar a las denunciantes para frenar el proceso, pero fue intervenida por otros efectivos cuando presuntamente intentaba darse a la fuga.

Actualmente, la suboficial cumple detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes, mientras que el sargento fue imputado por el delito de cohecho pasivo y se solicitó su reclusión en el penal de San Pedro. El Ministerio Público continúa con las investigaciones y se aguarda un informe oficial de la Policía, en un contexto donde ya se registraron denuncias similares en esa misma dependencia.