Fiscalía acusa a Vicente Salazar por seis delitos y enfrenta una posible pena de hasta 20 años

Una comisión de tres fiscales emitió una orden de aprehensión contra el dirigente de la Federación Campesina Tupac Katari, Vicente Salazar, por la presunta comisión de seis delitos vinculados a las movilizaciones registradas en el país. De ser hallado culpable por los cargos más graves, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

La orden fue suscrita por los fiscales David Torres Choque, Walter Lora Uría y Edwin Omar Colque Gonzales, quienes instruyeron la aprehensión del dirigente para que preste declaración en el marco de la investigación.

Según el mandamiento de aprehensión, la medida debe ejecutarse respetando los derechos y garantías constitucionales del acusado.

La Fiscalía atribuye a Salazar los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

De acuerdo con la acusación, los hechos están tipificados en los artículos 130, 132, 133, 133 Bis, 213 y 214 del Código Penal.

Entre los cargos, los de terrorismo y financiamiento al terrorismo contemplan las penas más severas, que oscilan entre 15 y 20 años de prisión. En tanto, la instigación pública a delinquir prevé una sanción de hasta dos años, la asociación delictuosa hasta seis años, los atentados contra la seguridad de los medios de transporte hasta cuatro años y los atentados contra la seguridad de los servicios públicos hasta seis años.

Tras su aprehensión, Salazar fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, donde deberá prestar su declaración ante los fiscales, aunque puede acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

No es la primera vez que el dirigente enfrenta una aprehensión durante las investigaciones. El pasado 10 de junio fue arrestado cerca de la plaza Murillo en plena movilización y trasladado a oficinas de la Felcc; sin embargo, recuperó su libertad horas después en cumplimiento de una resolución constitucional que favoreció su situación jurídica.