Diputados sancionan la abrogación de la Ley de Estados de Excepción y la remiten al Ejecutivo

La Cámara de Diputados sancionó este martes la abrogación de la Ley de Estados de Excepción durante una sesión virtual desarrollada en medio de los conflictos sociales y bloqueos que afectan al país desde hace 26 días. Tras su aprobación por más de dos tercios, la norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Durante la sesión, legisladores de distintas fuerzas políticas expresaron posiciones a favor y en contra de la abrogación de la ley, que establece límites y procedimientos para la declaración de estados de excepción en Bolivia.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, respaldó la medida y cuestionó los hechos de violencia registrados durante las protestas.

“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, manifestó.

Por su parte, la diputada Milka Rojas advirtió sobre posibles consecuencias legales derivadas de la abrogación total de la norma y planteó la posibilidad de modificar artículos específicos en lugar de eliminar completamente la ley.

En la misma línea, la diputada Sonia Siñani expresó su rechazo a la medida señalando que podría agravar el conflicto social.

“Es como echar gasolina al fuego, eso tenemos que entender, no podemos acallar el pueblo. Yo no voy a abrogar esta ley. Cuando hay un problema no podemos incitar más con esta abrogación”, sostuvo.

La Ley de Estados de Excepción regula las condiciones bajo las cuales el presidente puede declarar medidas extraordinarias en casos de conflicto interno, grave peligro para la seguridad del Estado o desastres naturales.

Según la Constitución Política del Estado, el presidente está facultado para declarar un estado de excepción cuando existan situaciones que sobrepasen la capacidad de control ordinario de las fuerzas policiales.

De acuerdo con legisladores que respaldan la abrogación, la norma representaba un “candado legal” que limitaba la capacidad de respuesta del Gobierno frente a situaciones de emergencia y conflictos sociales.

La aprobación de esta medida se produce en medio de una creciente tensión política y social marcada por protestas, movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del país.