Diferimiento de créditos beneficiará a más de 1,4 millones de prestatarios

El diferimiento de créditos en Bolivia permitirá que más de 1,4 millones de prestatarios se beneficien con la suspensión de embargos, ejecuciones judiciales y el pago de cuotas de vivienda social y microcréditos, según informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Suspensión de embargos y medidas judiciales

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que dispone que, por un plazo de seis meses desde su publicación, quedarán suspendidos embargos, remates, ejecuciones de sentencias y cualquier otra medida judicial contra prestatarios de créditos de vivienda social y de micro y pequeñas unidades económicas.

El ministro Montenegro destacó que esta medida responde a la solicitud de al menos 12 organizaciones sociales y busca proteger a las familias y a los emprendedores que sostienen gran parte de la economía del país.

Mora en créditos de microempresa y vivienda social

Entre 2020 y 2024, la mora en la microempresa subió del 1,8% al 3%, mientras que en los préstamos de vivienda de interés social aumentó del 1% al 3,7%. Estos datos reflejan la vulnerabilidad de estos sectores ante la coyuntura económica nacional.

Montenegro afirmó que el proyecto de ley es “oportuno y responsable”, ya que protege el derecho a la vivienda y asegura la continuidad de las unidades productivas pequeñas.

Diferimiento automático y beneficios

Durante la vigencia de la ley, las entidades financieras estarán obligadas a diferir automáticamente los pagos de capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos. También se prohíbe el incremento de tasas de interés, sanciones por mora, costos administrativos adicionales y modificaciones en pólizas de seguros vinculadas a los créditos.

El ministro recordó que, en 2020, el diferimiento alcanzó al 10,4% de la cartera, mientras que hoy representa solo el 1,4%, lo que demuestra la cultura de pago de los prestatarios bolivianos.

Solvencia del sistema financiero

El sistema financiero cerró 2024 con utilidades históricas superiores a 389 millones de dólares, lo que garantiza su solvencia y capacidad para asumir esta medida de alivio. Para 2025 se proyecta un incremento de utilidades por encima del promedio de los últimos cuatro años.

Además, Montenegro explicó que los créditos sujetos a diferimiento no superarán el 3% de los depósitos totales, por lo que la medida no afectará la estabilidad financiera.

Reglamentación y aplicación

La disposición final establece que el Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo máximo de 10 días calendario, a través de un decreto supremo.