Condena confirmada Las tres toneladas de pruebas que sellaron la suerte de Cristina

Fue el origen de la denuncia. En 2008, los miembros de la Coalición Cívica llegaron a Comodoro Py en un Fiat Palio lleno de cajas con documentación. En sus oficinas en el Congreso todavía conservan algunos de esos papeles originales. Lo que eran cerca de 15 paquetes, se redujo a uno (la mayor parte quedó en el juzgado, en tiempos de no digitalización). La tienen rotulada con una palabra: MEGA.

El expediente judicial de Vialidad propiamente dicho comenzó en 2016. La Justicia lleva investigando 17 años un esquema de delitos, que por “economía procesal” se acotó a las maniobras detrás de las 51 obras no concluidas, con sobreprecios y defraudación al Estado en Santa Cruz. Es por eso que Vialidad se nutrió de otras causas, como la “Ruta del dinero K” y “Hotesur-Los Sauces”, para los elementos probatorios. Cuando la causa llegó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, las 15 cajas se habían transformado en tres toneladas de expedientes.

La investigación originaria de la Coalición Cívica

El propio fiscal Diego Luciani utilizó en su alegato, por recomendación de un magistrado, un dato que provenía de otra causa: Lázaro Báez, en su testamento, incluyó un fideicomiso a 30 años que establecía que, si llegara a fallecer, sus hijos no podían disponer de su herencia por el tiempo indicado. Se interpretó que era un indicio más de lo que Báez mismo dijo en un audio recuperado por la Justicia: el dinero era de alguien que “ya estaba arriba”.

Los legisladores de la Coalición Cívica, en su caja de recuerdos, usan la palabra MEGA porque pretendían probar en una única causa, el megaesquema de corrupción que incluía la desviación de fondos públicos a Austral Construcciones, para luego lavarlos y retornarlos al país. Ese circuito permitió la compra de, por lo menos, 415.000 hectáreas, el campo El Entrevero. Esa megacausa se desarticuló cuando el juez Julián Ercolini decidió separar las partes con la aparición de hechos nuevos. Algunos creen que le hizo un favor a los ahora condenados. Otros piensan que, de no haberse dividido, hubiese sido imposible probar los delitos.

Testamento de Lázaro Báez

Para repasar las pruebas hay varios documentos clave. Uno es el pedido de elevación a juicio oral de los fiscales de instrucción, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Fue firmado el 18 de diciembre de 2017, al año siguiente de la reactivación de la causa, cuando Javier Iguacel, el titular de Vialidad con Mauricio Macri, se presentó con nuevas pruebas y puso a disposición los archivos de la dirección. Se sumaron especialistas que antes prestaban poca o nula colaboración a la Justicia.

Son 584 fojas. Vialidad todavía no era Vialidad. La descripción de los hechos delictivos comprendía a los años entre 2003 y 2015 con diferentes organismos del Estado. Describieron las maniobras en el Ministerio de Planificación Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos Públicos, Aerolíneas Argentinas y más. Los empresarios amigos apuntados eran Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa. “El presente sumario no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones englobadas bajo la causa n° 15.734/08 ―Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita —conocida como ―causa madre— que comprende entre otras las n° 11.352/14 —Hotesur—, 3732/16 —Los Sauces—, 4943/16 —Oil Combustibles—, 11.904/14 —Aerolíneas Argentinas—, entre otra decena de pesquisas que se vienen sustanciando con la intervención de esta Fiscalía y del Juzgado n° 10 del fuero", dijeron.

Austral Construcciones SA.

Austral Construcciones nació el 19 de mayo de 2003, seis días antes de la asunción de Néstor Kirchner. El primer indicio del derrumbe fue la cesación de pagos, en diciembre de 2015, al mismo tiempo que Cristina Kirchner dejaba la presidencia. La empresa tuvo exactamente el mismo tiempo de vida que los mandatos del matrimonio.

Una de las evidencias más concluyentes fue las relativas a la simulación de competencia en las licitaciones y la presencia de sobreprecios. Se comprobó la “concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo económico a una licitación” y una estrategia para imponer precios cercanos a un 20% de aumento sobre el presupuesto oficial. Análisis posteriores revelaron un “promedio del orden del 64,72%” de sobreprecios en algunas ofertas de Austral Construcciones, comparado con presupuestos oficiales actuales.

La facturación de Valle Mitre

Las empresas del Grupo Báez se adjudicaron obras por encima de su capacidad de ejecución y sin cumplir requisitos esenciales. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) detectó y calificó como una “grotesca situación e inadmisible falencia” la “espuria utilización por parte de Austral Construcciones de un mismo certificado de capacidad de contratación para adjudicarse dieciocho obras que superaban ampliamente su capacidad vial. Además, en 41 casos, no se exigió el “certificado de capacidad de adjudicación” al firmar el contrato, una obligación legal.

La ejecución de las obras estuvo marcada por “atrasos” y una “ausencia de control”. Pese a haberse desembolsado $9000 millones, superando el 100% del presupuesto inicial, solo la mitad de las obras contratadas al Grupo Báez se encontraban finalizadas al momento en que deja de funcionar. Testimonios de inspectores de la Vialidad provincial, como Martín Cergneux, señalan que “era inviable que [las empresas del Grupo Báez] pudieran cumplir con todas, por eso el retraso en su mayoría”. Además, se usó un único representante técnico para numerosas obras simultáneas y distantes, y se presentaron las mismas planillas de maquinaria para múltiples proyectos.

Movimiento de fondos de Valle Mitre

Se implementó un sistema de “pronto pago” que benefició en forma exclusiva y discrecional a Lázaro Báez. Testimonios de personal administrativo de la DNV, incluyendo Héctor Francisco López, Silvana Paula Maiorana y Claudia Bellofatto, confirmaron que “Lázaro A. BÁEZ era el único contratista que gozaba de este privilegio” y que sus empresas “cobraban mucho más rápido que las demás”. Se documentaron “adelantos millonarios” incluso en obras con años de atraso y sin justificación acreditada.

Un ejemplo contundente del perjuicio económico es la obra en la Ruta Nacional N° 3, Tramo: “Av. Circunvalación Caleta Olivia” (expediente DNV n° 13.191/06). El costo original de $146.110.804,24 se elevó a $711.071.918,69, lo que representó un incremento del 486,67%. El Informe Definitivo n° 3/2016 de la DNV (pruebas n° 133, 323, 324, 325, 326, 414) fue fundamental para la detección de estos sobreprecios y la posterior denuncia.

La “matriz de corrupción” se sostuvo por la omisión sistemática de controles por parte de funcionarios públicos. Se eludieron los mecanismos de control externo: se utilizó una copia de una resolución del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz de 2002-2004 para “dar por cumplida la exigencia de control” de licitaciones de años posteriores y sin relación específica. Además, los presidentes de la AGVP utilizaron la firma “ad referéndum” de manera “abusiva y excepcional” para eludir la intervención del Directorio en los trámites licitatorios.

En la elevación a juicio oral se incorporaron pruebas nuevas. El fiscal Luciani pidió que los 26.000 mensajes que se recuperaron de los teléfonos del exsecretario de Obras Públicas, José López, a partir de los “Cuadernos de las coimas”, en la que se presentó como arrepentido, sean tenidos en cuenta en la causa. Las defensas, en el momento que debían oponerse, no lo hicieron. En esos mensajes se encuentra el famoso “Es para coordinar con lo que me dijo la señora”, enviado por Báez a Julio Mendoza, expresidente de Austral, en medio del plan “limpiemos todo”.

Chats de José López

Los defensores de Cristina Kirchner, cuando no refutan las pruebas, argumentan que la causa no probó el involucramiento de la expresidenta. Alegan que un primer mandatario no puede estar al tanto de los movimientos de cada una de las dependencias, aunque sea el máximo responsable jerárquico. Vialidad, sin embargo, se fundamentó en las siguientes evidencias y motivos jurídicos.

Un dato clave lo menciona la propia Corte en el rechazo al recurso de queja. Advirtió que pese a que es una de las defensas más arraigadas entre los militantes del kirchnerismo, no fue un punto disputado por la defensa legal de Cristina Kirchner. Su abogado, Carlos Beraldi, no cuestionó ni refutó los vínculos entre su patrocinada y los Báez.

Planilla de ingresos a Olivos

Los Kirchner gestaron y sostuvieron, a lo largo de 12 años, y sin cambios pese a las denuncias de carácter público, el mismo esquema que habilitó la calificada “estructura criminal”. Cristina Kirchner ratificó y mantuvo en sus cargos a los principales funcionarios involucrados en la armado de la obra pública vial que venían de la gestión de Néstor Kirchner, incluido Julio De Vido, al secretario de Obras Públicas, José López, al subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor Kirchner), y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti. La permanencia de estos funcionarios de “extrema confianza” y con antecedentes en Santa Cruz, aseguró la continuidad y el control del plan.

“La política de inversiones en materia de obra pública vial fue diseñada desde la Presidencia de la Nación”, sostuvieron originalmente los fiscales Pollicita y Mahiques. Se remitió a evidencias en la coincidencia casi exacta entre los presupuestos proyectados por el Ejecutivo y los aprobados, como también la utilización de mecanismos excepcionales de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para aumentar las partidas presupuestarias destinadas al Ministerio de Planificación Federal y, en particular, a la DNV. A partir de 2009, aunque los DNU no indicaban obras específicas, eran “asignaciones generales a favor del organismo vial” que beneficiaban a Báez.

Obras adjudicadas a Austral Construcciones SA.

Con la firma de Cristina Kirchner, se tomó la decisión de incorporar a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso constituido por la tasa al gasoil (decreto 54/2009), permitiendo el uso discrecional de los fondos, a pesar de las opiniones en contrario de los Servicios Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal y del Ministerio de Economía. Esta acción, a sabiendas de las objeciones legales, se consideró un fuerte indicador de su conocimiento y voluntad.

Respecto de la relación entre los Kirchner y los Báez, en la causa se detallaron numerosos negocios inmobiliarios y hoteleros entre la familia Kirchner y Lázaro Báez/sus empresas entre 2005 y 2013. Estos incluyen compraventas de propiedades, constitución de fideicomisos conjuntos, permutas y el alquiler y explotación de hoteles (casos “Hotesur” y “Los Sauces”). Se describen transacciones donde Austral Construcciones sufrió pérdidas, sugiriendo que eran “simulaciones” para canalizar fondos. La constante y periódica transferencia de “importantísimas sumas de dinero” a la firma Los Sauces. (cuya titularidad pertenecía a Néstor, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner) en concepto de alquileres fue una de as evidencias del “retorno” de los fondos públicos.

FUENTE: LA NACION