Cívicos y autoridades cruceñas exigen al gobierno aprobar el decreto para realizar el Censo

Una reunión convocada por el Comité Pro Santa Cruz y a la que asistió el gobernador, Luis Fernando Camacho, determinó exigir al gobierno la pronta aprobación del Decreto Supremo para el Censo de Población y Vivienda.

Esta norma es un requisito para comenzar el trabajo y buscar el financiamiento para el trabajo que debe encarar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tanto desde el gobierno como de la oposición han coincidido que el Censo debe realizarse en el 2022, pero aún no hay una fecha exacta e incluso el director del INE había señalado que no se podía hacer antes del 2024, por cuestiones técnicas, aunque luego fue desautorizado por autoridades del Ejecutivo.

En  la reunión de este lunes participaron además representantes del Concejo Municipal de Santa Cruz, Asamblea Legislativa Departamental y la Brigada Parlamentaria.

“Necesitamos la voluntad política de este gobierno para que de una vez acelere el Decreto donde nos autorice el Censo. Si nosotros no aceleramos ese Decreto Supremo, lamentablemente no se puede ni conseguir los recursos, que son generalmente de ayuda internacional, como tampoco comenzar a trabajar en esta necesidad que es inmediata”, indicó Calvo.

Por su parte, Camacho enfatizó en que el Censo debe realizarse cada 10 años, ya que sus resultados son claves para la distribución equitativa de recursos. Calvo agregó al respecto de que si no se respeta ese lapso de tiempo el gobierno estaría incumpliendo la Constitución Política y las normas.

Los cívicos han conformado desde hace un mes una comisión interinstitucional, de carácter técnico, presidida por el segundo vicepresidente Stello Cochamanidis para marcar la ruta crítica y hacer seguimiento al proceso que desarrollará el INE.

El último censo se realizó el 21 de noviembre del 2012 y entonces Bolivia tenía oficialmente una población de 10.059.856 habitantes. Según proyecciones del INE, en esta gestión el país cuenta con 11.842.000 habitantes y el próximo año se superará los 12 millones.

El 2012 se movilizaron unos 150 mil encuestadores y se destinó un monto de 55 millones de dólares, financiado en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fuente: IBCE