Caso Botrading: Denuncian que informe sobre irregularidades en YPFB fue silenciado en Diputados

El caso Botrading vuelve a generar polémica en Bolivia. La Fiscalía abrió una investigación contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios, tras revelarse presuntas irregularidades en la creación y operación de esta subsidiaria en Paraguay, la cual nunca cumplió su supuesto objetivo de reducir los costos de importación de combustibles.

Investigación de la Fiscalía apunta a directivos de YPFB

El Ministerio Público inició un proceso tras recibir un informe legislativo que señala irregularidades en la constitución de Botrading. La empresa habría sido creada bajo el argumento de abaratar la importación de combustibles, pero nunca llegó a cumplir esa función, lo que levantó sospechas de sobreprecios y mala administración.

Comisión legislativa con informe pendiente de lectura

El diputado Enrique Urquidi denunció que la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial que trabajó más de 60 días en el caso. Sin embargo, el informe final no fue leído en la Cámara de Diputados ni debatido en sesión plenaria.

“¿Existe la comisión? Evidente, pero en la directiva no hemos recibido absolutamente ningún informe todavía”, cuestionó el legislador, poniendo en duda el destino de las conclusiones obtenidas.

Denuncian encubrimiento y sobreprecios en el caso Botrading

Urquidi fue más allá al señalar que existe un intento deliberado de encubrir a los implicados. Según el parlamentario, el informe recoge observaciones sobre:

• Constitución irregular de la empresa en Paraguay

• Presuntos sobreprecios en operaciones vinculadas

• Inutilidad de Botrading para reducir costos de importación

“El encubrimiento busca proteger a quienes han estado y están implicados en las irregularidades de Botrading y YPFB”, aseguró.

Riesgo de politización y opacidad en la investigación

El diputado instó a la Fiscalía a considerar todos los elementos hallados por la comisión. Advirtió que el silencio legislativo no solo compromete la transparencia de la Asamblea, sino que también alimenta la percepción de que el caso podría quedar atrapado en intereses políticos que blindan a la cúpula de YPFB.
FUENTE: EL DEBER