Brasil demanda a BYD por condiciones de trabajo esclavas en las obras de su fábrica

El Ministerio Público de Trabajo (MPT) brasileño presentó una demanda civil ante el Tribunal Laboral contra BYD y las empresas constructoras JinJiang y Tonghe, también chinas, por condiciones de trabajo de bordando la esclavitud en las obras de su planta de vehículos eléctricos en Camaçari, en la costa nordeste del país.

Después de investigar el asunto durante 2024, la agencia estatal rescató a 220 personas que trabajaban en las obras. Estas fueron traídas desde China con visados irregulares para «servicios especializados» que no correspondían a las tareas reales y se les retenía los pasaportes bajo vigilancia armada.

Entre otras, MPT acusa al mayor fabricante de coches de China de trata de personas con promesas engañosas de salarios; de fraude en la concesión de visas; de evasión grave de derechos laborales, fiscales y de seguridad social, así como de obstruir las inspecciones en una acción orquestada por BYD.

Las víctimas vivían hacinadas en alojamientos precarios, con un baño para cada 31 personas, camas sin colchón y comida almacenada junto a materiales de obra, y sufrían la retención de hasta el 70 % de su salario en caso de abandonar el contrato.

Según los testimonios recogidos por el MPT, a los trabajadores se les prohibía salir de sus alojamientos –incluso en días libres– y que las puertas se cerraban con llave después de las cenas. La única manera de salir del recinto era con una autorización para comprar básicos.

El MPT detalló que «todos» los trabajadores rescatados habían entrado al país «de forma irregular», con una visa de trabajo «para servicios especializados que no correspondían a las actividades que desarrollaban en la obra».

La Fiscalía solicita que el constructor chino pague una multa de unos 40 millones de euros (257 millones de reales) por el daño moral colectivo; el pago de 21 jornadas de trabajo más una adicional por cada día que los trabajadores estuvieran en esas condiciones; la indemnización de despido y una multa de 7.800 euros (50.000 reales) por cada ítem incumplido multiplicado por el número de trabajadores.

Pekín evitó este jueves pronunciarse sobre esta denuncia, pero subrayó que las empresas del país deben «operar de acuerdo con las leyes y regulaciones. El Gobierno concede gran importancia a la protección de los derechos de los trabajadores, y exige a las empresas chinas que respeten las leyes allá donde operen», declaró hoy la portavoz de Exteriores Mao Ning al ser consultada sobre el caso.

Cuando se conoció el hecho, la empresa china anunció la rescisión de su contrato con el Grupo Jinjiang y afirmó que «no tolera faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana».

FUENTE: ABC