Bolivia atraviesa una crisis energética estructural, alertan expertos

La crisis energética, definida por organismos internacionales como una situación crítica donde la demanda energética no puede ser satisfecha, conlleva escasez, alza de precios y graves consecuencias económicas y sociales. Según cuatro expertos consultados por EL DEBER, Bolivia cumple plenamente con estas características.

La abogada experta en energía, Daniela Durán, afirmó que el país no produce suficientes hidrocarburos para abastecer el mercado interno ni cuenta con los recursos económicos para importarlos. “No tenemos la capacidad de satisfacer la demanda de carburantes, lo que genera alzas de precios e inestabilidad”, señaló.

Durán también advirtió que el escenario que hoy afecta a los carburantes se replicará con el gas natural debido a la caída en la producción, la falta de exploración y la inseguridad jurídica. “Estamos viviendo la fiebre holandesa”, remarcó.

Por su parte, Eduardo Ibáñez, director de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, calificó el desabastecimiento actual como un síntoma claro de la crisis energética. Si no se revierte el modelo actual, advirtió que en 2029 Bolivia tendrá que importar gas natural, lo cual incrementará considerablemente el costo de la energía para el ciudadano.

El exministro Álvaro Ríos aseguró que la crisis energética lleva al menos cinco años en desarrollo. “No hay dinero para importar energía ni capacidad para producirla. Se han rifado 13 trillones de pies cúbicos de gas”, aseveró, subrayando la falta de planificación estatal.

A su vez, Fernando Rodríguez, exfuncionario de YPFB, sostuvo que esta crisis ha derivado directamente en la actual crisis económica. “Bolivia consume 70.000 barriles diarios e importa 50.000. Eso es una crisis energética”, afirmó.

Finalmente, organismos como la CEPAL y el FMI coinciden en que una crisis energética implica no solo escasez y alzas de precios, sino también la vulneración del derecho al acceso a servicios básicos y energéticos, profundizando la pobreza y la desigualdad.

FUENTE: EL DEBER