Acusados del caso FMI piden juicio de responsabilidades y apuntan al gobierno de Arce por presunto “perjuicio económico”
El Gobierno de Bolivia aprobó la asignación directa de Bs 140 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización de la segunda vuelta. Paralelamente, en el juicio por el préstamo del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI, la defensa de los acusados solicitó que el proceso sea declarado improcedente y que el caso se tramite como juicio de responsabilidades.
Acusados piden juicio de responsabilidades en el caso FMI
La defensa sostiene que la devolución anticipada del préstamo, realizada por el gobierno de Luis Arce, generó un perjuicio de aproximadamente $us 24 millones al Estado, apuntando al Banco Central de Bolivia (BCB) como responsable directo.
Argumentos de la defensa y base legal
Los abogados recuerdan que existían dos leyes que autorizaban la contratación de deuda externa:
- Ley 1267 del Presupuesto General del Estado 2020.
- Ley 1293 de abril de 2020, que habilitaba créditos y donaciones para la atención del covid-19.
En ese marco, sostienen que no hubo daño económico en 2020 y que el proceso debe reconducirse bajo la figura de juicio de responsabilidades.
Críticas a la devolución anticipada del préstamo
De acuerdo con cálculos oficiales, si el Estado hubiese mantenido el cronograma original de pagos hasta 2025, se habrían ahorrado $us 18,8 millones por la devaluación del DEG frente al dólar, además de $us 4,7 millones en intereses y comisiones.
La defensa cuestiona al gobierno de Arce, señalando que ningún país devolvió el IFR al FMI y que la medida se tomó en base a proyecciones cambiarias incorrectas.
Exautoridades procesadas en el caso
Entre los acusados figuran:
- José Luis Parada, exministro de Economía.
- Guillermo Aponte, expresidente del BCB.
- Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza, exdirectores del BCB.
La defensa insiste en que el daño económico se generó en 2021 con la devolución anticipada, y no en 2020 con la contratación del crédito, por lo que presentaron un amparo constitucional.
FUENTE: UNITEL
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