Pedido de asilo en Paraguay salva a exministro López de ser extraditado a Bolivia

La solicitud para que el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio “sea detenido con fines de extradición” fue planteada desde la embajada de Bolivia en Paraguay el 25 de enero. El trámite se truncó porque la exautoridad boliviana había iniciado el trámite de asilo político en julio de 2023.

 

Ante este escenario, la Fiscalía paraguaya solicitó ante el juzgado penal de garantías que atendió el caso que se deje en suspenso el tratamiento del exhorto que promovió el juzgado anticorrupción de La Paz. El caso tiene que ver con la compra irregular de gases lacrimógenos (2020) a una compañía de Estados Unidos, según conoció El DEBER. Por este mismo tema, fue detenido el exministro Arturo Murillo en Miami, aunque la figura allí esté vinculada con delitos federales contra el soborno y lavado de activos.

 

Ayer por la tarde se filtró uno de los edictos que llegaron a Interpol de Paraguay el 23 de febrero, precisamente para detener a López. Eso no sucedió porque la exautoridad boliviana ya estaba bajo las medidas de protección establecidas en estos casos. Una autoridad del Gobierno corroboró la autenticidad de este documento.

 

Familiares del exministro López confirmaron a EL DEBER que él se encontraba en libertad. Asimismo, otras personas allegadas manifestaron que él espera de la respuesta de su solicitud de asilo que está ante el Consejo Nacional del Refugiado (Conare).

 

“No procederá la expulsión, devolución o extradición de un refugiado a otro país, sea de origen o de residencia habitual, cuando haya razones fundadas para considerar que se halle en peligro de ser sometido a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o donde sus derechos esenciales estuvieran en riesgo” señala el Artículo 5 de la Ley General del Refugiado que rige en la República de Paraguay.

 

El diputado del MAS del ala ‘evista’, Gualberto Arispe, cuestionó al Gobierno por no informar acerca del reporte de Interpol del Paraguay. “¿Por qué se calla el Ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo)? ¿Por qué las instancias que están velando estos temas no dicen nada? La hipótesis que se tiene es que están negociando su libertad en Paraguay. Esa es nuestra preocupación”, expresó el parlamentario mostrando el reporte policial que había circulado en horas previas y que había sido confirmado desde el Gobierno.

 

Arispe anticipó que en el plazo de 10 días, como corresponde a ley, enviará una petición de informe para que las autoridades competentes respondan por este caso.

 

Pero el ministro Del Castillo, a través de sus cuentas en redes sociales, descartó que se haya cumplido con la aprehensión. Anticipó así reportes por esa vía.

 

Luis Fernando López, que fue ministro de Defensa en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, tiene diferentes procesos abiertos en el país, iniciados durante el gobierno de Luis Arce, entre ellos los referidos al caso Golpe I, a los casos Senkata y Sacaba del 2019 y al de supuesta corrupción en la adquisición de respiradores. Eso sí, el caso que motivó el exhorto tiene que ver con la compra de gases para la Policía boliviana.

 

Cecilia Pérez, abogada del exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, conversó anoche con EL DEBER. Descartó una aprehensión o extradición de su defendido en Paraguay, donde actualmente se encuentra.

 

“Él tiene una solicitud de refugio que está en trámite desde el 2023, además ya tiene documentos provisorios para manejarse en este país (Paraguay)”, dijo la jurista en contacto telefónico con esta casa periodística desde Asunción.

 

“Cabe aclarar que personal de este departamento no procedió a la detención de esta persona (Luis Fernando López), quien posee el status de refugiado en el país y no pesa sobre él mismo, orden de detención emanada de autoridad judicial a la fecha”, indica el informe de Interpol Paraguay, al que también accedió EL DEBER.

 

Además, las autoridades policiales del vecino país señalaron que la orden de “aprehensión con fines de extradición” que pesaba sobre la exautoridad del Gobierno de Áñez fue levantada por la Justicia, luego de que se le otorgó protección provisionalmente.

Fuente: El Deber