La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra Evo Morales

La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos en el marco de los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y por el Ministerio de Gobierno.

Morales respondió a la medida mediante una publicación en su cuenta de X, donde afirmó: "No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos."

La investigación en su contra comprende seis delitos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal presentada el 1 de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que identifica a Morales como uno de los principales impulsores de las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio.

Durante siete semanas, campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en distintas regiones, especialmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las movilizaciones exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal alcanzó niveles críticos en varias ciudades.

Las interrupciones del tránsito y los cortes de rutas provocaron la muerte de al menos 22 personas y dejaron 88 heridos, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de organizaciones cívicas y sociales.

El impacto económico superó los 3.000 millones de dólares en pérdidas, afectando especialmente al sector productivo de Santa Cruz. La imposibilidad de transportar mercancías agravó la crisis de abastecimiento, mientras los enfrentamientos y la tensión social marcaron los 53 días de conflicto.

En otra publicación en redes sociales, Morales sostuvo: "Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción."

La orden de aprehensión también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar. Este último permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, señalado como uno de los principales organizadores de los bloqueos en el occidente del país.

El mandato de detención fue emitido con base en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.

Morales negó haber promovido la renuncia de Rodrigo Paz y aseguró que las movilizaciones fueron consecuencia de la presión social por demandas insatisfechas. El 24 de mayo publicó que el mandatario enfrentaba "dos caminos": militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.

Posteriormente, tras acuerdos con sectores como la COB y ante la continuidad de los bloqueos, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer la circulación en las carreteras.

Morales agregó en X: "Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular."

El exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, resguardado por sus seguidores desde octubre de 2024. Además de esta causa relacionada con los bloqueos, enfrenta otra investigación por trata agravada de personas vinculada a una presunta relación con una menor de edad durante su mandato. En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura tras su inasistencia al inicio del juicio. La Policía informó que evalúa el momento adecuado para ejecutar esa orden pendiente.