ONU alerta que Bolivia es centro de operaciones de carteles

Bolivia se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga, afirmó Mónica Mendoza, representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en una entrevista con EFE. La funcionaria sostuvo que el reconocimiento de esta situación por parte del Gobierno de Rodrigo Paz representa una oportunidad para mejorar la lucha antinarcóticos.

Mendoza señaló que en el país se identificó una expansión de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil, además de grupos criminales peruanos y colombianos. Según explicó, la presencia de personas de esas nacionalidades en cárceles bolivianas estaría relacionada con estructuras de mando de las organizaciones mencionadas.

La representante de la Unodc también advirtió sobre un incremento significativo de los casos de sicariato, que atribuyó a disputas entre grupos criminales por el control de territorios. Los asesinatos por encargo se volvieron recurrentes en zonas fronterizas con Brasil, situación que llevó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad.

«Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales», afirmó Mendoza. Agregó que Bolivia ya no puede ser considerada únicamente como productora de materia prima o territorio de tránsito, debido a la confluencia del contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal en una estructura similar a un consorcio del crimen.

La funcionaria vinculó este escenario con el aumento de los cultivos de hoja de coca. De acuerdo con el último informe de la Unodc, presentado en septiembre, la superficie cultivada aumentó un 7%, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en producción de coca, detrás de Colombia, que registró 261.000 hectáreas en 2024, y Perú, que reportó 84.546 hectáreas en 2025.

Mendoza recordó que durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce las autoridades negaron la presencia de carteles o de grandes figuras del narcotráfico en Bolivia y atribuyeron las operaciones ilícitas a emisarios o clanes locales. La administración de Paz, próxima a cumplir un año, reconoció la actividad del crimen organizado transnacional y defendió acciones que permitieron capturas como la del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y enviado a Estados Unidos.

Para Mendoza, el caso Marset evidencia que el narcotráfico en Bolivia no opera en un nivel bajo y también marcó el fin de la llamada «narcopaz», descrita como una tregua entre organizaciones que distribuyen rutas, funciones y territorios. La representante afirmó además que el crimen organizado se expandió e infiltró algunas instituciones de Justicia en Sudamérica, lo que genera redes de corrupción para evitar la persecución penal. Sus declaraciones se produjeron al ser consultada sobre la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de supuestamente proteger al narcoterrorismo.

La representante de la Unodc consideró que Bolivia necesita una respuesta integral y que no puede combatir el narcotráfico a gran escala de forma unilateral o solamente bilateral. Planteó perseguir tanto a las organizaciones como a sus finanzas y capacidades operativas, aprobar normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, y lograr más sentencias en casos de narcotráfico, que hasta ahora han sido pocas. El Gobierno de Paz permitió nuevamente la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expulsada en 2008, firmó un acuerdo con Washington y se sumó al Escudo de las Américas contra el narcotráfico.