Murillo sigue tras las rejas y justicia de EEUU posterga audiencia para el 8 de octubre

La exautoridad fue detenida bajo la sospecha de haber recibido un soborno de una empresa estadounidense que concretó una operación por $us 5,6 millones que se usaron para comprar gases lacrimógenos

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien sigue tras las rejas, ahora verá a un juez  en una audiencia que fue reprogramada para las 10:00 del 8 de octubre, según informó el procurador Wilfredo Chávez que hace un seguimiento a este caso.

Esta visita judicial había sido programada para el 9 de septiembre, pero por un pedido del exfuncionario, el tribunal federal de Miami aceptó diferirlo por un mes.

“Hemos recibido una información de parte de nuestros abogados en los Estados Unidos indicándonos que la audiencia penal de Murillo fue postergada”, informó Chávez.

Murillo está detenido en la prisión federal de Miami tras ser acusado de lavado de dinero y recibir sobornos, delitos que pudo cometer cuando adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, pero a través de una intermediaria norteamericana.

Chávez informó que la justicia de Miami había previsto varias audiencias entre el 8 y 9 de septiembre. Durante el primer día fueron convocados a comparecer los socios de Murillo que están acusados de pagar los sobornos a la exautoridad.  

El Gobierno contrató a la firma de abogados Greenberg Traurig para atender tres procesos. Uno de ellos es la demanda civil con el objetivo de intentar recuperar el dinero que se gastó en la compra de gases lacrimógenos y material no letal con sobreprecio.  

El pasado 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad. El exministro debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza; sin embargo, hasta la fecha continúa en reclusión.

El caso

El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción en ese país.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia.

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, por sólo $us 3,3 millones.

El Departamento de Seguridad Nacional también se querelló contra los propietarios de la intermediaria, los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman y Bryan Berkman, quienes pudieron salir en libertad luego de pagar una fianza.

También  está involucrado Philip Lichtenfeld, el empresario norteamericano de origen argentino que fue contratado como “enlace” para esta operación y que está detenido en Miami. Allí también están arrestados Murillo y su amigo Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete durante su paso transitorio por el poder.

Fuente: EL DEBER