Mercosur respalda la democracia en Bolivia y pide diálogo para preservar la paz social

Los presidentes de los Estados parte del Mercosur y de los países asociados emitieron una declaración especial en respaldo a la democracia en Bolivia, en la que expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país, rechazaron los hechos de violencia y exhortaron a los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias mediante el diálogo.

El pronunciamiento fue aprobado durante la LXVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en Asunción, Paraguay, donde los mandatarios reafirmaron su respaldo al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y a sus instituciones democráticas.

En la declaración, los jefes de Estado manifestaron su preocupación por la situación humanitaria registrada en el país y rechazaron cualquier acción que implique violencia, interrupción de servicios esenciales, amenazas contra infraestructura crítica o hechos que puedan poner en riesgo la estabilidad democrática.

Asimismo, ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, instrumento mediante el cual los países del Mercosur reafirman la defensa de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales como pilares de la integración regional.

Los mandatarios también destacaron que el fortalecimiento de las instituciones democráticas constituye una condición indispensable para garantizar la estabilidad política y profundizar la integración entre los países de la región.

En ese contexto, el Mercosur expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, e hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento de las instituciones democráticas.

El bloque regional subrayó además la importancia de preservar la paz social y evitar acciones que afecten la convivencia pacífica, el funcionamiento de los servicios esenciales y la estabilidad institucional del país.

La declaración fue emitida el 30 de junio de 2026 durante la cumbre presidencial celebrada en Paraguay, en un contexto marcado por los recientes conflictos sociales registrados en Bolivia.

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