La COB anuncia paro nacional de carreteras desde este martes en rechazo al Decreto Supremo 5503

La Central Obrera Boliviana junto a los sectores sociales movilizados determino ingresar a un paro nacional de carreteras desde las cero horas de este martes, en demanda de la abrogacion del Decreto Supremo 5503.

La decision fue anunciada por el secretario ejecutivo del ente laboral, Mario Argollo, luego de que el dialogo con el Gobierno no prosperara y se registraran enfrentamientos entre la Policia y manifestantes en pleno centro de la ciudad de La Paz.

Argollo informo que el ampliado nacional de la COB resolvio de manera unanime activar la medida de presion ante la falta de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo al pedido central de los trabajadores, el cual afirmo no tiene caracter politico ni sectorial.

El dirigente explico que la nueva fase de la movilizacion comenzara a partir de las 00.00 de este martes y que el instructivo correspondiente sera remitido a todos los sectores afiliados para su cumplimiento en las diferentes regiones del pais.

La determinacion se da tras la conclusion de la marcha denominada Bolivia no se vende, impulsada por la COB, que inicio en la localidad de Calamarca, en la carretera entre La Paz y Oruro, y arribo posteriormente a Kilometro Cero.

Los sectores movilizados consideran que el Decreto Supremo 5503 es inconstitucional y perjudicial para los derechos laborales, por lo que exigen su abrogacion inmediata. Segun los dirigentes, la norma deberia ser reemplazada por otra elaborada de manera consensuada, incorporando aspectos relacionados con la reduccion de la subvencion y la mejora de los bonos sociales, mientras que otros articulos deberian ser tratados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Argollo reitero que el pedido unico de la COB es la anulacion del decreto y senalo que solo de esa manera se lograra la desmovilizacion de los sectores que permanecen en estado de protesta.

Desde el Gobierno, autoridades rechazaron las amenazas de bloqueo y las movilizaciones, argumentando que este tipo de medidas responde a intereses politicos y no a demandas sociales legitimas.