Jueza envía a la cárcel a expresidenta Áñez y a dos de sus exministros, por cuatro meses

En la audiencia cautelar, el fiscal Harold Jarandilla argumentó que la exmandataria obligó a renunciar a Adriana Salvatierra a la presidencia del Senado y a Víctor Borda a la presidencia de la Cámara dede Diputados.

La jueza cautelar Regina Santa Cruz determinó la detención preventiva, por cuatro meses, para la expresidenta Jeanine Áñez en la cárcel de Obrajes, mientras que para sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán en el penal de San Pedro, ambas cárceles en la ciudad de La Paz.

Santa Cruz consideró que el plazo de seis meses solicitado por la Fiscalía para continuar con las investigaciones es excesivo, por lo que definió que la detención preventiva sea solo por cuatro meses. 

"La suscrita autoridad determina la detención preventiva de los señores Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán en la cárcel de San Pedro, mientras que para la ciudadana Jeanine Áñez en el centro de Orientación Femenina de Obrajes", dictaminó. 

La expresidenta y los exministros fueron imputados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso de presunto "golpe de Estado" a raíz de la denuncia que presentó la exdiputada del MAS Lidia Patty. 

La audiencia se extendió por más de 10 horas, y en la que se rechazó el incidente de aprehensión ilegal que presentó la defensa legal de las exautoridades.

La Fiscalía argumentó que su petición de detención preventiva se sustentaba en el riesgo de fuga y la posible obstaculización en las investigaciones, elementos que no habrían sido desvirtuados por la defensa de la exmandataria y de los exministros.

La audiencia

El fiscal Harold Jarandilla empezó con su intervención en representación del Ministerio Público, en la que argumentó que Jeanine Áñez y otros opositores obligaron a renunciar a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, con el fin de asumir la presidencia de Bolivia.  

“La señora Jeanine Añez, durante los sucesos del 11 y 12 de noviembre, tenía la calidad de segunda vicepresidenta del Senado y de manera amañada y en contra de todo reglamento y procedimiento legislativo, y en flagrancia contra lo que establece la Constitución Política del Estado, logra, a través de este grupo de personas, que la señora Adriana Salvatierra renuncie a la presidencia del Senado, que ejercía en ese tiempo, y del mismo modo lo hace el diputado Víctor Borda, que ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados”, sostuvo el fiscal. 

Sin embargo, el 24 de enero del 2020 a través de un video en el que se dirige a sus compañeros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al pueblo boliviano, Salvatierra afirmó que su renuncia fue coordinada con el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente, Álvaro García Linera. 

Esas aseveraciones fueron desvirtuadas por el equipo jurídico de la exmandataria, alegando que la entonces senadora no participó en los hechos y que no existe fundamento legal. 

Jarandilla continuó su intervención y afirmó que el 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales, Áñez se autoproclamó como presidenta de la Asamblea Legislativa y finalmente asumió el mando del país, como presidenta del Estado.

Por otra parte, la Fiscalía afirmó que el 21 de octubre de 2019 comienza a gestarse un presunto “golpe de Estado” con la quema de algunos tribunales departamentales electorales. Luego, un grupo liderado por Luis Fernando Camacho llega a La Paz el 5 de noviembre con la ayuda de los militares. 

Otro de los argumentos es el amotinamiento de los efectivos de la Unidad Técnica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, el 8 de noviembre y que, entre otras demandas, pidieron la renuncia de Morales. A ese pedido se sumó el del alto mando militar a la cabeza de Williams Kaliman, acompañado de otros militares, quienes “deliberaron” y pidieron a Morales que renuncie a su mandato, para pacificar el país. 

La expresidenta asumió su defensa personal en la audiencia, y defendió la legalidad de su mandato de transición, el cual fue avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante la Ley 1270 del 20 de enero del pasado año, que determinó la prórroga de mandato de las autoridades electas. 

"En conjunto con la señora Eva Copa (entonces presidenta del Senado) se aprobó y promulgamos una ley de convocatoria a elecciones generales (…), producto de ello el señor Arce es presidente”, afirmó la exautoridad. 

Protestas 

Durante el desarrollo de la audiencia de manera virtual, un grupo de familiares de las víctimas de Senkata se apostaron en puertas de la Felcc donde se encuentra la exautoridad, exigiendo su detención preventiva.

Mientras que otro grupo de personas rechazaban las acusaciones contra la exautoridad, afirmaron que no se produjo un golpe de estado, sino que el MAS cometió fraude electoral, en las elecciones de 2019.

Fuente: ANF