Golpe legal al Gobierno Departamental: TCP obliga a reincorporar a 200 trabajadores del exSedeca en Tarija

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 004/2025, mediante la cual instruye al gobernador de Tarija, Óscar Montes, la reincorporación inmediata de al menos 200 extrabajadores del extinto Servicio Departamental de Caminos (exSedeca), quienes fueron desvinculados tras la disolución de esa entidad.

La decisión responde a una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por los propios afectados, quienes denunciaron despidos irregulares a raíz del cierre del exSedeca y la creación, en su lugar, de la Dirección de Administración Vial, mediante el Decreto Departamental 039/2022.

Según explicó en conferencia de prensa la magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, integrante del TCP, la sentencia declara inconstitucional dicho decreto al contravenir el principio de jerarquía normativa. En concreto, señala que una norma de carácter departamental no puede modificar ni anular disposiciones de mayor jerarquía, como las leyes nacionales o los decretos supremos emitidos por el nivel central del Estado.

Además, el fallo establece que el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija incurrió en una invasión de competencias, al atribuirse facultades que corresponden de forma exclusiva al nivel central, particularmente en lo que respecta a la estructura institucional y laboral del sector público.

En ese marco, el TCP no solo dispuso la nulidad del decreto, sino que también ordenó la reincorporación de los extrabajadores bajo las condiciones laborales previas a su desvinculación, con el objetivo de restituir sus derechos constitucionales, especialmente el derecho al trabajo.

Por su parte, el gobernador Óscar Montes confirmó que los 200 extrabajadores ya han sido reingresados a la administración departamental. Sin embargo, pidió tiempo para analizar en detalle la sentencia emitida por el TCP y evaluar los alcances legales y administrativos de su cumplimiento.

La resolución del máximo órgano constitucional del país sienta un precedente importante respecto al respeto de competencias entre niveles de gobierno y la protección de los derechos laborales en el marco del ordenamiento jurídico boliviano.