Gobierno promulga cinco decretos con medidas para combustibles, electricidad, importaciones y jubilaciones

El Gobierno promulgó cinco decretos supremos que introducen cambios en materia de combustibles, energía eléctrica, importaciones, jubilaciones por invalidez y administración de tierras fiscales. Las normas fueron aprobadas durante una reunión de gabinete presidida por el mandatario Rodrigo Paz mediante la modalidad de despacho virtual.

Desde Paraguay, el presidente anunció que las autoridades explicarán durante esta semana el alcance de cada una de las disposiciones.

“Se van a presentar una serie de decretos que hemos aprobado la noche de ayer. Es una semana clave para presentar varias decisiones que van a ayudar a los diferentes sectores, especialmente en la zona de La Paz y El Alto”, señaló.

Entre las principales medidas figura el Decreto Supremo 5644, que autoriza la libre importación de combustibles hasta diciembre de 2030, eximiendo del pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) a quienes realicen estas operaciones.

Otra de las disposiciones corresponde al Decreto Supremo 5646, que reduce en un 5% los aranceles de importación para mercancías comprendidas en el Arancel Aduanero de Importaciones 2026, beneficiando productos con alícuotas que van desde el 5% hasta el 40%.

En materia previsional, el Decreto Supremo 5643 modifica los parámetros para la calificación de invalidez, crea un nuevo manual de evaluación y establece un registro oficial de médicos calificadores que serán responsables de determinar el grado de invalidez de los solicitantes de jubilación bajo esa modalidad.

Asimismo, el Decreto Supremo 5641 deja sin efecto la declaratoria de reserva fiscal del sector de Chuquihuta, ubicado en los municipios de Uncía y Chuquihuta, en el departamento de Potosí.

Por su parte, el Decreto Supremo 5647 incrementa del 3% al 5% el porcentaje de variación de energía eléctrica para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Además, autoriza mecanismos de estabilización cuando existan variaciones en el precio del gas destinado a la generación eléctrica, en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en la cotización oficial del dólar.

Las nuevas normas fueron aprobadas tras el conflicto social que afectó al país durante 51 días y, según el Ejecutivo, forman parte de un conjunto de medidas destinadas a atender distintos sectores económicos y sociales.