Gobierno advierte redes de corrupción también en la subvención al maíz y al trigo

Imagen de referencia

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, alertó que los presuntos esquemas de corrupción no se limitaron a la subvención de la harina, sino que también habrían alcanzado a otros productos estratégicos como el maíz y el trigo, dentro de la intervención que se ejecuta en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

La advertencia surge en el marco de las investigaciones que, según la autoridad, ya evidencian un daño económico superior a Bs 95,5 millones en la entidad estatal.

“Recién hemos empezado a investigar y esto no es exclusivo de la subvención para panificadores. El mismo esquema se habría repetido en la subvención del maíz, del trigo y de otros insumos”, declaró Justiniano.

Consorcios millonarios y uso indebido de subsidios

El ministro afirmó que los subsidios fueron aprovechados por redes organizadas que se habrían conformado en consorcios millonarios, los cuales —según dijo— se beneficiaron utilizando necesidades básicas de la población.

“Se dedicaban a robarnos a todos los bolivianos, aprovechándose de una necesidad esencial de la gente”, sostuvo la autoridad.

Justiniano señaló directamente al exgerente de Emapa, Franklin Flores, como uno de los principales involucrados en los esquemas investigados, a quien atribuyó no solo un daño económico al Estado, sino también un impacto psicológico en la estabilidad de las familias, por las distorsiones generadas en el acceso a alimentos.

Eliminación de la subvención a la harina

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz ratificó la eliminación de la subvención a la harina destinada a la elaboración del pan de batalla y aseguró que su Gobierno buscará garantizar el precio más bajo posible de este alimento sin sostener prácticas irregulares.

“No voy a mantener a corruptos ni ladrones. Lo que impresiona es que todo el sistema de subvenciones en Bolivia terminó siendo un mecanismo de corrupción”, afirmó el mandatario.

 

Paz anunció que se impulsarán acciones legales para recuperar los recursos desviados y advirtió que, en nombre del abaratamiento del costo de vida, se habrían desviado miles de millones de bolivianos para beneficiar a unos pocos.