Fiscalía investiga tres casos por reclutamiento de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania

Las investigaciones por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania avanzan en Santa Cruz, donde el Ministerio Público abrió tres procesos por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento y ya identificó a un sospechoso como posible intermediario.

Aunque el caso cobró notoriedad esta semana tras el velorio simbólico organizado por familiares de dos jóvenes cruceños desaparecidos, las pesquisas se iniciaron en mayo, cuando se presentó la primera denuncia relacionada con este tipo de captación.

La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, informó que las tres investigaciones comprenden a 16 presuntas víctimas. El primer proceso corresponde a una persona, el segundo involucra a seis y el tercero a nueve ciudadanos, todos denunciados en el departamento de Santa Cruz.

Según las investigaciones preliminares, el reclutamiento habría comenzado a principios de este año mediante ofertas de empleo en Rusia con salarios elevados, bonos por la firma de contratos y promesas de trabajos en construcción u otros oficios. Sin embargo, varias de las víctimas habrían terminado en zonas de combate del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La Cancillería también tenía conocimiento de algunos casos desde junio, luego de que familiares acudieran a La Paz para solicitar apoyo en la búsqueda de ciudadanos bolivianos que habían perdido contacto con sus seres queridos tras viajar al extranjero.

En el marco de las investigaciones, la Policía realizó operativos este jueves y confirmó el arresto de varias personas presuntamente vinculadas con la red de reclutamiento. Entre ellas figura el yerno del principal sospechoso, mientras continúan las diligencias para establecer el grado de participación de cada implicado.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz anunció que acompañará a las familias afectadas y solicitará que el Estado gestione apoyo ante organismos internacionales para localizar a los ciudadanos desaparecidos, facilitar una eventual repatriación y establecer responsabilidades.

De acuerdo con la organización, además de los casos reportados en Santa Cruz, existen denuncias de posibles víctimas provenientes de Oruro, Potosí y otras regiones del país.

Las autoridades también investigan la existencia de dos tipos de reclutadores: exmilitares rusos y contratistas civiles latinoamericanos que captarían personas mediante falsas ofertas laborales para enviarlas posteriormente al conflicto armado.

Tras la difusión pública de los primeros casos, familiares de distintas regiones comenzaron a denunciar situaciones similares, señalando que sus parientes aceptaron viajar atraídos por promesas de ingresos en dólares y bonos económicos, aunque posteriormente perdieron comunicación con ellos o recibieron información de que fueron enviados al frente de combate.