Encuesta: Mayoría de la población boliviana acepta posible subida en precios de combustibles sin subsidios

¿Está Bolivia preparada para un giro económico? Un importante porcentaje de la población estaría dispuesta a aceptar ajustes en los precios de los combustibles según encuesta nacional de UNITEL

En medio de la creciente incertidumbre económica que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de dólares, la presión fiscal y los cuellos de botella en el suministro de combustibles, cada vez más ciudadanos expresan en redes sociales su deseo de un cambio estructural que reactive la economía. Sin embargo, la gran interrogante sigue latente: ¿está realmente dispuesta la población a aceptar las medidas impopulares que normalmente acompañan un ajuste económico?

La más reciente encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales, presentada por UNITEL la pasada semana, incluyó una serie de consultas que van más allá de la preferencia política: indagan en las expectativas y tolerancia de la ciudadanía frente a eventuales decisiones de gobierno que podrían marcar un viraje en el modelo económico boliviano.

Uno de los temas más sensibles —y al mismo tiempo ineludibles— para cualquier candidatura presidencial es la política de subvenciones, particularmente la de los combustibles, que representa una de las principales cargas para el Tesoro General del Estado. El cuestionamiento clave de la encuesta fue: ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a aceptar cambios que impliquen una subida del precio de la gasolina sin subvenciones, entre otros?

Los resultados reflejan una sociedad dividida, pero con una mayoría que muestra apertura al cambio:

El 32% de los encuestados afirmó estar muy dispuesto a aceptar medidas como la eliminación de subsidios a los combustibles, mientras que un 27% se declaró algo dispuesto.

Esto suma un 59% de la población con algún nivel de predisposición al ajuste.

Por el contrario, un 20% respondió estar poco dispuesto, y un 18% nada dispuesto. El 3% restante dijo no saber o no respondió.

Lectura económica: un margen político limitado pero posible

Desde una perspectiva económica, el dato es revelador. Bolivia ha sostenido por más de una década un modelo basado en altos niveles de intervención estatal y subsidios cruzados, especialmente en el rubro energético. Sin embargo, las presiones externas e internas —como la caída de la producción de gas natural, el aumento del déficit fiscal y la presión sobre las reservas internacionales— han hecho cada vez más difícil mantener esta estructura sin ajustes.

La encuesta muestra que, si bien el rechazo a los aumentos en los precios de los combustibles sigue presente, existe una mayoría relativa que estaría dispuesta a considerar cambios, especialmente si estos se comunican con claridad y vienen acompañados de políticas compensatorias bien diseñadas.

Para los economistas, esta apertura puede interpretarse como una ventana de oportunidad política. “Un 59% dispuesto a aceptar medidas impopulares como la eliminación de subsidios no es despreciable. Indica que, con liderazgo y transparencia, se puede avanzar en reformas graduales que corrijan distorsiones sin generar una crisis social inmediata”, señala un analista consultado por este medio.

¿Qué implicaría eliminar la subvención?

Actualmente, Bolivia importa gasolina y diésel a precios internacionales y los vende en el mercado interno a precios congelados desde hace más de una década. Esta diferencia es cubierta por el Estado a través de subsidios que, según datos oficiales, superan los $us 1.700 millones anuales, y representan cerca del 3% del PIB. Eliminar esta subvención implicaría necesariamente un aumento de precios en surtidores, lo cual tendría un impacto inflacionario inmediato y generaría presión sobre sectores sensibles como el transporte y la producción agrícola.

Sin embargo, muchos economistas coinciden en que el actual esquema es insostenible, y que postergar el ajuste solo encarece el costo político y económico de una futura corrección.

El desafío político para 2025

De cara a las elecciones presidenciales de 2025, el próximo gobierno —sea del signo político que sea— enfrentará un dilema estructural: o profundiza el modelo actual con mayores riesgos de desfinanciamiento y escasez, o implementa un giro económico que implicará costos sociales de corto plazo, pero con posibles beneficios de estabilidad a mediano y largo plazo.

En ese sentido, la encuesta de UNITEL no solo mide intención de voto, sino que anticipa los límites y oportunidades que tendrá cualquier plan de gobierno serio. La mayoría está pidiendo cambios, pero esos cambios tendrán que construirse con sensibilidad, gradualidad y diálogo. De lo contrario, el remedio podría ser peor que la enfermedad.