Empresarios respaldan ajustes y piden reformas para proteger empleo e inversiones

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respaldó las medidas aplicadas por el Gobierno nacional para estabilizar la economía, pero pidió reformas urgentes para atraer inversiones, fortalecer a las empresas y proteger a los sectores vulnerables ante posibles riesgos de contracción.

En un comunicado difundido este domingo, 27 de septiembre de 2026, la organización empresarial valoró “la importancia y pertinencia de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la estabilización, el sinceramiento y el ordenamiento de la economía”.

La CEPB destacó el impacto de la Ley 1765 sobre el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, al considerar que viabiliza reformas orientadas a recuperar la estabilidad financiera y promover el crecimiento a mediano plazo. También respaldó el Decreto Supremo 5716, destinado a transparentar los precios de los carburantes y combatir el contrabando.

Asimismo, el empresariado apoyó el Decreto Supremo 5707, que busca preservar el orden público y garantizar la libre circulación frente a bloqueos que afectan el normal abastecimiento. Sin embargo, expresó preocupación por los efectos del proceso de ajuste sobre los sectores productivos, el comercio y los servicios, así como por una eventual etapa de contracción que impacte en el crecimiento, el empleo y la continuidad de las operaciones empresariales.

La organización advirtió que la situación de las empresas medianas y pequeñas es especialmente delicada. Señaló que una nueva carga regulatoria, tributaria, financiera o laboral podría provocar cierres, pérdida de empleos, reducción de inversiones y una crisis generalizada que debilite los objetivos de recuperación. “Las empresas deben constituirse en una prioridad nacional”, indicó.

La CEPB también planteó un plan integral, expedito y focalizado de protección social para resguardar a los sectores más vulnerables, preservar el empleo y evitar que los efectos de la transición económica recaigan sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlos.

Bajo la premisa de que “el país debe pasar rápidamente del ajuste al crecimiento”, sugirió que, en lo que resta de 2026, el Gobierno priorice la aprobación de normativa económica clave con seguridad jurídica y estabilidad. La propuesta contempla ajustes a las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, además del Código de Comercio y el Código Tributario.

La entidad empresarial sostuvo que esas modificaciones deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos excesivamente prolongados, controversiales o sujetos a incertidumbre política.