Elecciones subnacionales: Nayar propone pacto fiscal 50-50 y una reforma constitucional

En el marco de las elecciones subnacionales, los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Primero Santa Cruz, Guido Nayar y José Alberti, plantearon como ejes centrales de su propuesta un pacto fiscal que permita una distribución de recursos en un esquema 50-50 y la necesidad de avanzar hacia una reforma constitucional.

Ambos postulantes participaron la noche de este lunes en el programa Yo Elijo, del medio EL DEBER, donde coincidieron en que el actual modelo de administración del Estado se encuentra agotado. Nayar afirmó que el país atraviesa una crisis económica y social que exige un cambio estructural, señalando que sin una reforma constitucional Bolivia permanecerá estancada.

En ese contexto, los candidatos consideran fundamental modificar la actual distribución de recursos, que asigna cerca del 11% a los gobiernos departamentales, y avanzar hacia un esquema de coparticipación equitativa. Según Alberti, alcanzar una distribución 50-50 permitiría manejar un presupuesto cercano a los 7.000 millones de bolivianos anuales, lo que facilitaría inversiones en salud, educación, seguridad ciudadana y servicios básicos, tanto en áreas urbanas como rurales.

El candidato a vicegobernador sostuvo que este cambio contribuiría a mejorar las condiciones de vida de la población y a reducir las brechas entre la ciudad y las provincias, beneficiando también a los pueblos originarios.

En materia de seguridad ciudadana, Nayar cuestionó la falta de planes concretos por parte de la Gobernación cruceña durante los últimos años, pese a que la normativa vigente establece competencias claras en esta área. Aseguró que existe una interpretación errónea sobre la falta de tuición de los gobiernos departamentales sobre la Policía, recordando que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla la creación de Consejos Departamentales para coordinar acciones de prevención y control.

El candidato atribuyó la ausencia de políticas efectivas a la falta de voluntad política y criticó el incumplimiento del mandato legal de resguardar la vida y los bienes de la ciudadanía, señalando que la seguridad debe ser una prioridad en la gestión departamental.