El caso Colodro no está cerrado y ven contaminación de evidencias

El comandante de la Policía de Santa Cruz dijo que las pesquisas continuarán, pero luego de destacar que se pudo establecer que el interventor estuvo solo cuando murió. La familia pide auditar las cámaras

La muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, no es un caso cerrado. Aún restan pesquisas y se desconoce el contenido de las imágenes captadas por las 64 cámaras del edificio Ambassador. Además, la familia de la autoridad fallecida rechazó el contenido del informe presentado por ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en el que se asegura que fue un suicidio. 

Entre otras evidencias, la autoridad presentó una nota de despedida, pero sus allegados dudan de la veracidad de esa evidencia.

“El proceso investigativo no está cerrado, pero hemos establecido, fehacientemente, que no ha actuado ninguna persona en el momento en el que el señor Colodro decide lanzarse desde el piso 15”, afirmó por su lado el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, a los periodistas.

De hecho, Del Castillo admitió el martes que aún faltaban otras pruebas científicas y complementarias, pero lo hizo tras concluir que Colodro se había suicidado. Sustentó esta afirmación en seis evidencias, entre ellas algunas de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio Ambassador donde se dieron los hechos del pasado 27 de mayo.

Jorge Valda, el abogado de la familia del interventor y juristas de la fundación Global Human Rights League, calificaron de “incongruente”, la información sobre el resultado de las pericias presentadas el martes por el Gobierno. 

 En ese contexto, Valda cuestionó que la Policía no haya solicitado a la familia otros manuscritos de Colodro para comparar tanto la caligrafía como la rúbrica de la nota. “No se solicitó muestras para los grafismos ni documentos para hacer el cotejo”, remarcó.

Valda también observó que en el informe no estén todas las imágenes de las cámaras de vigilancia que dan al balcón desde donde se el interventor pudo lanzarse. “Con eso no habría lugar a dudas o a una investigación o a leer cartas póstumas falsas, sino mostrar o tener seguridad de que esa filmación existe, pero si siguen ocultando información y tergiversando los hechos, esta información resulta altamente contradictoria”, puntualizó ayer durante una rueda de prensa en Santa Cruz.

Para Valda, “los elementos que se han colectado y que se siguen colectando en esta investigación, están incompletos y contaminados. La fotografía tomada al día siguiente nos muestra manchas de sangre con arrastramiento en un lugar que está distante del punto de donde habría caído (Colodro). Probablemente al punto de haberlo levantado, nos señalan que lo hubieran colocado al lado, pero eso está a más de 10 metros de donde el señor Colodro hubiera caído”.

Otra de las incongruencias, dijo, es sobre la colección de muestras durante la autopsia, elementos que deben ser sometidos a pruebas patológicas para determinar si existen o no algunos rastros de heridas de defensa.

Del Castillo dijo que el reporte fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía. Precisó que la carta y las pertenencias de Colodro fueron secuestradas a la 1:00 del domingo 28 de mayo de la oficina del piso 15 del edificio Ambassador desde donde se lanzó el interventor del Fassil.

En su exposición, aseguró que se cumplieron con los actuados de la ley, pero no precisó cuál fue la unidad que actuó en la recolección de las pruebas.

Alejandro Colanzi, abogado criminólogo y presidente de la Academia Boliviana de Ciencias Criminológicas, cuestionó que Del Castillo haya centralizado esas pericias, cuando esa es una tarea de la Fiscalía. Señaló, en ese marco, que la evidencia de la carta “está contaminada”. 

“Nadie habló de una carta. Los familiares que estuvieron toda la noche no hablaban de carta. El fiscal ni la Policía no hablaban de carta y de repente aparece el ministro con la carta mostrándola”, cuestionó el especialista. En ese contexto, Colanzi dijo que la familia tiene el derecho de pedir una pericia independiente.

Por su lado los abogados de la familia anunciaron que presentarán una denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y solicitarán la aplicación de las medidas cautelares tanto para la familia.