Dos versiones de YPFB ponen en el centro del debate a firma argentina certificadora de la calidad del combustible
Dos posturas distintas dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos pusieron en el foco a una empresa argentina que aparece vinculada a la certificación de calidad de combustibles. Mientras el 6 de febrero la estatal descartó haber contratado a una firma externa para el control de cantidad y calidad, cuatro días antes, el 2 de febrero, difundió públicamente un informe técnico de la inspectora Camin Cargo Control Argentina para sostener que los carburantes cumplían con las especificaciones.
La controversia surge en medio de las denuncias por venta de gasolina de mala calidad que se intensificaron a inicios de la semana pasada. En los primeros días, varias autoridades aseguraron reiteradamente que no existía ningún problema con el combustible, aunque posteriormente reconocieron que sí hubo distribución de producto fuera de norma.
El 2 de febrero, el gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Carlos Cuéllar, afirmó en una nota oficial que, tras un análisis completo de muestras de Gasolina Especial Plus, Camin Cargo Control Argentina certificó que el producto comercializado se encontraba dentro de las especificaciones de calidad requeridas.
Según esa versión, la verificación se realizó mediante muestreos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como respuesta a inquietudes ciudadanas. En ese marco, YPFB sostuvo que la gasolina cumplía plenamente con los estándares, al haber sido evaluada por un laboratorio acreditado bajo normas internacionales.
Sin embargo, el 6 de febrero se difundieron documentos de una comisión de calificación de propuestas de YPFB donde aparece la firma Camin Cargo Control Argentina dentro de un proceso de contratación para inspección de calidad y cantidad de combustible importado. En paralelo, la red DTV afirmó que la empresa fue contratada de forma directa por un monto superior a 8,8 millones de bolivianos, con documentación fechada a fines de diciembre de 2025.
Ese mismo día, YPFB respondió con un comunicado negando la contratación, aunque admitió que existió una licitación identificada como PAC5989 para el servicio de inspección de calidad de combustibles importados para la gestión 2026, pero aseguró que el proceso fue anulado por observaciones técnicas.
La discusión se hizo más compleja porque, el 3 de febrero, el ministro de Hidrocarburos, el presidente de YPFB y la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos admitieron que sí se distribuyó combustible de mala calidad, en línea con lo denunciado por choferes y mecánicos.
Analistas cuestionaron la ausencia de controles efectivos y advirtieron que el Estado no puede ser juez y parte en la verificación de calidad, al ser importador, distribuidor y supervisor del producto. Mientras continúan las investigaciones y reclamos de afectados, la contradicción entre informes, comunicados y admisiones oficiales mantiene el tema como uno de los principales debates económicos del momento.