Denuncian ampliación de desmonte ilegal en predio La Victoria, zona La Vertiente de Villa Montes

El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) en Villa Montes confirmó que el predio La Victoria, registrado a nombre de Sergio Herbas Orozco, realizó un nuevo desmonte ilegal en la zona de La Vertiente, ampliando el área afectada pese a haber incurrido en un delito ambiental.

La ABT notificó recién ayer al propietario para que regularice las multas correspondientes —establecidas en 190 UFV por hectárea desmontada— e inicie el trámite para formalizar su carpeta en las oficinas regionales de Villa Montes.

La denuncia también apunta a la gestión anterior de la ABT en Villa Montes, encabezada por el exdirector Sr. Machaca, a quien se acusa de incumplimiento de deberes por no haber actuado a tiempo, pese a que ya existían registros y evidencias del desmonte ilegal meses atrás. Según denuncias de vecinos y ambientalistas, esta omisión permitió que el desmonte llegara hasta 700 metros del río Pilcomayo, provocando alteraciones en el cauce y contribuyendo a un desborde en la zona del predio La Victoria.

Organizaciones ambientales y comunarios exigen que se inicie un proceso penal contra el exdirector de la ABT Villa Montes, quien ya no forma parte de la institución, por su responsabilidad en haber permitido que esta actividad ilícita se consolide sin sanción.

Marco legal

De acuerdo con la Ley del Medio Ambiente N° 1333 y la Ley Forestal N° 1700, el desmonte sin autorización constituye una infracción ambiental y puede derivar en procesos administrativos, civiles y penales. Asimismo, la Ley 1333 establece que cualquier acción que genere daños graves al suelo, agua, bosques o fauna silvestre es tipificada como delito ambiental, sancionable con penas de privación de libertad y reparación del daño causado.

La ABT, en su rol de entidad fiscalizadora, tiene la obligación de controlar, sancionar y frenar desmontes ilegales, además de remitir los casos al Ministerio Público cuando existan indicios de ilícitos penales. En este caso, la omisión en el cumplimiento de estas funciones podría configurar responsabilidades legales contra exautoridades y funcionarios públicos que no actuaron en defensa del interés ambiental.

El caso ha reactivado las alertas sobre la presión que sufre el ecosistema del Pilcomayo por desmontes ilegales y la falta de control institucional en el Chaco tarijeño, donde las normativas ambientales suelen quedar vulneradas por intereses privados.