Denuncian a 29 asambleístas de Tarija por inactividad y daño económico al Estado superior a un millón de bolivianos

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija enfrenta una grave denuncia que pone en entredicho la legalidad del mandato de 29 de sus miembros. El ciudadano Marco Antonio Cardozo presentó una acción formal ante el Ministerio Público y anunció que también elevará el caso a la Contraloría General del Estado, acusando a los asambleístas de haber incurrido en inactividad legislativa durante 90 días consecutivos, lo que, según afirma, representa una causal directa de pérdida de mandato conforme a la normativa vigente.

Fundamento legal y acusación de inactividad

Cardozo basa su denuncia en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 18, inciso “r”, del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental. Estos establecen que los asambleístas que no ejerzan funciones durante tres meses continuos pierden automáticamente su mandato.

“El incumplimiento ha sido flagrante: desde mayo de 2024 hasta agosto, estos 29 asambleístas no sesionaron ni trabajaron en comisiones, lo que significa que ya no deberían ocupar sus cargos ni seguir cobrando sueldos y viáticos del Estado”, explicó Cardozo.

Críticas a la inacción institucional

El denunciante expresó su profunda frustración por la falta de respuesta de las autoridades, señalando que desde mayo de 2024 viene presentando documentación y solicitudes para que se investigue el caso. “Ni el Ministerio Público ni la Asamblea Departamental han respondido. Todos se han hecho de la vista gorda, ignorando la legalidad y dejando en la impunidad un daño económico evidente”, afirmó.

La denuncia fue ratificada el 26 de mayo de 2025, sin que a la fecha se haya iniciado un proceso formal de investigación. Por esta razón, Cardozo anunció que insistirá ante la Contraloría y espera que la Fiscalía actúe de oficio.

Sospechas de daño económico y delitos de corrupción

Cardozo también solicitó formalmente al oficial administrativo de la Asamblea una copia legalizada de los sueldos, salarios y viáticos cobrados por los asambleístas entre mayo y agosto de 2022. Estima que el perjuicio económico al Estado supera el millón de bolivianos, calificando esta situación como un presunto caso de corrupción.

“El pueblo tarijeño no puede seguir permitiendo que se abuse de los recursos públicos mientras la región atraviesa una crisis financiera severa. Hay una responsabilidad penal, administrativa y ética que debe ser asumida por quienes incumplen sus deberes”, aseveró.

Exigen investigación imparcial y sanciones

Cardozo apeló al cumplimiento de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que tipifica delitos relacionados con corrupción pública, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. Pidió que se investigue si hubo cobros indebidos y si los asambleístas pueden justificar, con documentación válida, el desarrollo de sus funciones durante el periodo señalado.

“Los asambleístas solo pueden ejercer su mandato de manera formal mediante sesiones o trabajo en comisiones. Y no existen registros de comisiones activas. No hay actas, no hay convocatorias, no hay resoluciones. Por tanto, no hay argumento válido que justifique los pagos que han recibido”, sentenció.

Impacto político y exigencia de transparencia

Esta denuncia, presentada en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, coloca a la Asamblea Departamental de Tarija bajo una intensa presión pública. Se espera una reacción inmediata tanto de la Presidencia del ente legislativo como del Ministerio Público.

La ciudadanía y diversas organizaciones sociales ya comienzan a pronunciarse, exigiendo una auditoría exhaustiva, la suspensión de los legisladores observados y el inicio de un proceso judicial si se confirma la comisión de delitos.

La denuncia de Marco Antonio Cardozo no solo abre un posible capítulo judicial, sino que plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento institucional y la transparencia en el uso de recursos públicos en Tarija.