Ciudadanos cuestionan falta de fundamentos técnicos y criterio de gestión en implementación de fotomultas en Tarija

La reciente decisión del Gobierno Municipal de Tarija de implementar un sistema de fotomultas ha generado críticas y preocupación entre ciudadanos y dirigentes vecinales, quienes cuestionan la base técnica y social de la medida. Para muchos, la decisión tiene un carácter meramente recaudatorio, sin un sustento claro en datos sobre seguridad vial ni en una estrategia integral de movilidad urbana.

Desde su vehículo, el ciudadano Ramiro Ruiz expresó su molestia al considerar que se está imponiendo una medida sin transparencia ni justificación técnica. “¿Dónde están los datos que justifican esta decisión? ¿Cuántos accidentes ha habido, en qué zonas, con qué frecuencia? ¿Hay estadísticas de atropellos, muertes o incidentes graves que sustenten esta medida? No se trata solo de lo que dice la Constitución, también se trata de respetar a la ciudadanía. No pueden imponernos multas porque a alguien se le ocurrió que es una buena idea”, reclamó.

Por su parte, el dirigente vecinal Julio Ramírez advirtió que la medida no soluciona el problema de fondo: el caos vehicular. “Esto no se arregla con fotomultas. Se necesita una política pública bien estructurada, con decisiones técnicas y planificación a mediano y largo plazo. No se puede salir de un día para otro a decir ‘desde hoy aplicamos fotomultas para educar’, porque eso es demagogia y perjudica la imagen del Alcalde”, afirmó.

Desde el sector del transporte público, un conductor que pidió mantener su identidad en reserva también expresó su desacuerdo: “La Alcaldía sale a defender esta medida amparándose en la Constitución, pero se olvida de nuestros derechos como ciudadanos. No se ha presentado un solo estudio técnico, ni se ha socializado el proyecto con la población. Es una imposición que huele a capricho”, lamentó.

La postura del Gobierno Municipal

Ante las críticas, el director de Gestión Autonómica y Desarrollo Competencial del Gobierno Municipal de Tarija, Esteban Ortuño, defendió la legalidad de la medida. Explicó que el artículo 102, parágrafo I, y el artículo 297 de la Constitución Política del Estado (CPE), establecen que el control del tráfico y de la movilidad urbana son competencias exclusivas de los gobiernos municipales.

“Existe una sentencia constitucional emitida en 2012 que confirma esta competencia exclusiva, por lo que no es necesario establecer más alcances. Las entidades territoriales autónomas son las únicas facultadas para ejercer esta potestad legislativa”, explicó Ortuño.

En ese sentido, indicó que serán las autoridades municipales quienes realicen los controles y cobros correspondientes en los 10 puntos de la ciudad donde estarán ubicados los dispositivos digitales. “Cabe aclarar que estas cámaras no estarán en todos los semáforos. La Policía, a través de Tránsito, continuará cumpliendo sus funciones en materia de choques, accidentes y otras tareas que le competen. No estamos invadiendo sus atribuciones”, precisó.

Una medida sin socialización

Pese al respaldo legal, lo que ciudadanos y sectores organizados reclaman es la falta de socialización previa y la ausencia de una estrategia más amplia que integre educación vial, infraestructura adecuada y regulación técnica del tránsito. Para muchos, las fotomultas no son un problema en sí, sino la forma en que se pretende implementarlas: sin diálogo, sin datos públicos y sin planificación visible.

“Queremos una ciudad ordenada y segura, pero también queremos decisiones responsables y participativas. Las autoridades deben recordar que la gestión pública no puede convertirse en una simple máquina recaudadora, sino