CEDIB advierte contaminación minera en ríos Pilcomayo y San Juan del Oro

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) advirtió a autoridades nacionales, departamentales y municipales de Tarija, Potosí y Chuquisaca sobre la contaminación detectada en las cuencas de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro. El organismo vinculó la presencia de mercurio y otros metales pesados con la explotación ilegal de oro y otros minerales en el sur del país.

El investigador del CEDIB, Gonzalo Mondaca, informó que un estudio realizado en ambas cuencas identificó contaminación por mercurio y otros metales utilizados en la actividad minera, principalmente en zonas de Tarija y Potosí. Recordó que estos ríos ya enfrentan residuos de cadmio, plomo, estaño y zinc, por lo que el uso de mercurio agrava los riesgos para la salud humana, la producción piscícola y los ecosistemas.

El asambleísta departamental por San Lorenzo, Luis Sosa, señaló que instituciones y familias campesinas de Yunchará y El Puente denunciaron que la minería ilegal continúa generando preocupación en la zona alta y la cuenca baja de ambos municipios. Atribuyó el problema a la ausencia del Estado y a la falta de fiscalización de las autoridades competentes.

La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, expresó su preocupación por el crecimiento de la actividad minera y cuestionó la distribución de las regalías. Explicó que el municipio solo percibe ingresos por la explotación de piedra caliza, mientras que otros recursos, como oro, arcilla, arena, plomo, zinc y cal, serían extraídos presuntamente de manera ilegal. Según la autoridad, estas actividades emplean sustancias químicas que afectan las cuencas hídricas y no generan ingresos por regalías para el municipio.

El alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, sostuvo que la contaminación de los ríos San Juan del Oro y Pilcomayo es consecuencia de la actividad minera. Recordó que un estudio de laboratorio encargado por el Gobierno Municipal de Yunchará y la Gobernación de Tarija confirmó la presencia de residuos de al menos nueve metales por encima de los límites permisibles. También cuestionó la falta de intervención efectiva de las autoridades nacionales y departamentales.

La actividad minera en la zona alta del departamento es reportada desde 2022, cuando la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) comenzó a detectar e intervenir campamentos equipados y con personal dedicado a la explotación de minerales sin autorización ni fiscalización. En tanto, familias de los pueblos indígenas Weenhayek, Guaraní y Tapiete, junto con comunidades campesinas de Tarija, se declararon en emergencia por la contaminación del Pilcomayo y sus afluentes.

Los dirigentes atribuyeron el deterioro a derrames tóxicos, colapsos de piscinas de sedimentación y pasivos ambientales de cooperativas mineras que operan principalmente en la cuenca alta de Potosí, además del uso creciente de mercurio en la explotación aurífera. El asambleísta departamental por el pueblo guaraní, Andrés Segundo, indicó que análisis de laboratorio e informes ambientales detectaron plomo, arsénico y mercurio en el agua y en peces como el sábalo, con niveles que, según señaló, superan los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud.

Los representantes indígenas solicitaron la intervención de las autoridades nacionales y departamentales para prevenir mayores daños a la producción piscícola y proteger la salud de las comunidades originarias y campesinas. Un informe presentado por autoridades departamentales en 2023 también advirtió sobre niveles elevados de algunos minerales en el agua del Pilcomayo y en los sábalos, y recomendó implementar programas y proyectos de control y monitoreo de la actividad minera en Tarija y Potosí.