Cámara Automotor rechaza posible nacionalización de autos ‘chutos’ y la vincula con lavado de dinero

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Cámara Automotor rechaza posible nacionalización de autos ‘chutos’ y la vincula con lavado de dinero

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La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a una eventual nacionalización de vehículos indocumentados y calificó la propuesta como ilegal e inviable. La entidad sostiene que una medida de este tipo favorecería actividades ilícitas, entre ellas el lavado de dinero, mientras el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de analizar una regularización.

El vicepresidente de la CAB, Erick Saavedra, afirmó que la iniciativa es presentada como una medida de carácter social, aunque considera que detrás existen intereses económicos.

“Quieren vender la idea de que es para la gente que no tiene recursos, que es una acción social, pero en realidad es un negociado, pues no solo hay autos pequeños, también hay avionetas, helicópteros, camiones y autos de lujo que no son para trabajar; es lavado de dinero”, sostuvo.

Desde la Cámara Automotor Boliviana señalaron que el sector formal de importación de vehículos se vería perjudicado con una eventual amnistía para motorizados que ingresaron al país al margen de la normativa.

“Cómo se puede dar amnistía a algo que es robado, a algo que ha creado dolor; es inaceptable”, agregó Saavedra.

El debate surgió luego de conocerse la existencia de un proyecto de ley que plantea la regularización de vehículos conocidos como “chutos”. Los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestaron que el Gobierno no descarta analizar esa posibilidad.

Espinoza aclaró que, en caso de aprobarse una norma de regularización, los vehículos vinculados con actividades ilícitas quedarían excluidos del beneficio.

“Vehículos robados, vehículos que tengan procesos penales o que hayan sido parte de algún tipo de ilícito, ya sea en Bolivia o en el exterior, esos no deberían ser sujetos de regularización”, afirmó.

La propuesta continúa generando posiciones encontradas entre autoridades y sectores vinculados al comercio automotor, mientras el debate sobre una posible nacionalización permanece abierto.